Terrorismo, terminología y prevención del radicalismo

Publicado por Hana Jalloul Muro en ESGLOBAL el 25 de junio de 2018

 

Los Estados deben conocer y emplear apropiadamente la terminología para evitar situaciones de pánico y mantener la seguridad.

 

En el tiempo de las fake news no podemos dejar de preguntarnos cómo damos por hecho tantas informaciones que no son ciertas, o concedemos tanta credibilidad a la aplicación de cierta terminología para algunos supuestos, mientras que para otros iguales ni siquiera lo pensaríamos.

 

A pesar de que no existe un consenso sobre ciertas definiciones tendemos a identificarlas con casos concretos o con colectivos sociales o religiosos determinados; así, por citar un ejemplo existen distintas interpretaciones del significado del vocablo terrorismo, además de distintos tipos, aunque tengamos claro los efectos que produce. La Unión Europea ha definido los delitos de terrorismo a través de Decisiones Marco como una combinación de elementos objetivos  (asesinato, lesiones corporales, toma de rehenes, extorsión, comisión de atentados, amenaza de perpetrar cualquiera de los hechos anteriores, etcétera), y subjetivos  (actos cometidos con el objetivo de intimidar gravemente a una población, desestabilizar o destruir las estructuras de un país o una organización internacional u obligar a los poderes públicos a abstenerse de realizar un acto). También define lo que es un grupo terrorista. Existen otras definiciones por parte de otras organizaciones internacionales y por parte de distintos autores como puede ser la del psiquiatra forense y exoficial de control en la CIA, Marc Sageman, quien comenta acerca del terrorismo que es “una categorización pública de violencia política por parte de actores no estatales durante el tiempo de paz interno”.

 

El término terrorista no corresponde exclusivamente a colectivos concretos como a aquellos musulmanes que cometen actos terroristas, sino también a aquellos que ejecutan actos terroristas cuando desafían el orden social establecido y perpetran asesinatos, como pueden ser aquellos cometidos por grupos ya sean de extrema izquierda o extrema derecha. La radicalización con inclinación a la violencia se produce en distintos colectivos, de hecho, existen desde foros que enaltecen el terrorismo yihadista hasta foros de supremacistas blancos. Según la experta, Sahar F. Aziz, en EE UU: “desde 2000 a 2015, el número de grupos de odio aumentó en un 56%, lo que incluye una gran cantidad de grupos “Patriotas” antinmigrantes, anti LGBTI, antimusulmanes y antigubernamentales. Y desde 2014 hasta 2015, el número de grupos radicales de derecha aumentó en un 14%”.

 

Por otra parte, solemos en muchos casos identificar radicalización como sinónimo de terrorismo cuando no toda radicalización implica necesariamente violencia, ni siquiera en el caso de aquellos individuos que tienen ideas radicales o extremas. No es lo mismo ser un radical extremista violento que un radical extremista o no extremista, en los casos mencionados la diferencia se basa en la acción violenta per se.

 

Lo que sí parece claro es que no solo los actores que no son estatales pueden radicalizarse hacia la violencia sino también aquellos considerados como actores estatales. Preguntarnos por el marco de acción política legítima de estos últimos es algo fundamental, sobre todo a la hora de utilizar una terminología determinada. Existe una aceptación de cierto tipo de violencia utilizada por parte de los actores estatales que se radicalizan en su lucha contra aquellos actores no estatales a los que catalogan como terroristas. Esta realidad ofrece una dimensión del conflicto menos nítida, además nos compele a pensar en el “otro” como el “verdadero terrorista”. Ejemplos pueden ser Guantánamo, la muerte de miles de civiles en Afganistán por bombardeos de Estados Unidos y las fuerzas afganas según la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA); lo que requiere una investigación rigurosa como ha denunciado Human Rights Watch. La persecución, tortura y asesinato de la minoría rohingya por las fuerzas de seguridad de Myanmar y otros grupos religiosos. Muertes de civiles en Siria por bombardeos rusos y de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Daesh. La muerte de civiles causadas por la campaña aérea de la OTAN en Libia en 2011, etcétera.

 

Muchos Estados se atribuyen el rol de la lucha contra el terrorismo incrementando la seguridad a costa de restringir las libertades individuales haciendo un uso parcial de la terminología, utilizan términos como el de “extremistas” para referirse a otros Estados, colectivos e individuos. Aquí podríamos citar la nueva Ley antiterrorista en Francia, que observa medidas que se aplicaban en el estado de excepción, como puede ser la realización de registros sin orden judicial, entre otras. El término extremismo carece de una definición generalizada, según autores como el profesor Arun Kundnani ha sido utilizado durante mucho tiempo como medio de denuncia de la disidencia política. No deberíamos aceptar ciertas políticas puestas en práctica por muchos gobiernos que limitan nuestras democracias en vez de promocionar una gestión más proporcionada de los acontecimientos

 

No es baladí mencionar que las actuaciones realizadas en Gaza por Israel no se merecen otro calificativo que el de acciones terroristas, un actor estatal que utiliza desproporcionadamente la fuerza para ejercer la violencia contra la población civil. El 14 de junio la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condenaba a Israel por un uso excesivo de la fuerza contra los civiles palestinos. A pesar de las condenas de la comunidad internacional nadie se atreve a calificarlo en este caso como un actor estatal terrorista, realizando un uso de la terminología de manera más exhaustiva, ni más, ni menos. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde que el 30 de marzo empezaran las marchas del retorno las fuerzas israelíes a día 7 de junio habían causado la muerte de más de 131 manifestantes palestinos y 13.900 heridos. Sólo el 14 de mayo murieron 62 palestinos en la frontera de Israel con la Franja, que pretendían mostrar su descontento por el traslado de la embajada americana a Jerusalén: Movimiento que no ha ocurrido sin la complicidad de algunos gobiernos árabes, Mohamed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, reconoció en una entrevista:  “creo que los palestinos y los israelíes tienen derecho a tener su propia tierra. Pero tenemos que tener un acuerdo de paz para asegurar la estabilidad para todos y para tener relaciones normales”. El 15 de mayo la Nakba marcaba el aniversario de la expulsión de miles de palestinos en 1948 de sus territorios. El 1 de junio Razan al Najjar de 21 años murió por disparos israelíes cuando intentaba evacuar a unos manifestantes que se encontraban heridos.

 

Esta falta de rigor terminológico se observa con otros Estados que también luchan fuera de sus fronteras, este es el caso de Rusia en Siria o lo que también hace Irán en Siria a través de todas las milicias chiíes yihadistas que apadrina en el terreno, entre ellas al brazo armado del partido político libanés Hezbolá. La intervención rusa en Siria no es menos preocupante, varios medios de comunicación como The New York Times o Middle East Monitor publicaban la noticia de que el pasado 7 junio bombardeos rusos acababan con la vida de más de 44 personas, entre ellas niños y mujeres, en el norte de la provincia de Idlib. Moscú ha negado dichas alegaciones comentando que las muertes eran el resultado de enfrentamientos entre facciones locales. Tanto el Gobierno sirio como el ruso han tratado en varias ocasiones de culpar a distintas milicias en el terreno de la utilización de armamento químico y de este tipo de catástrofes. La cuestión es que a pesar de que sí que es cierto que ha habido y hay enfrentamientos entre las mismas, sabemos que ninguna tiene la capacidad logística para bombardear desde el aire ninguna parte del territorio ya que no tienen aviones de combate. Cabe mencionar en este contexto que la Comisión Europea hacía un llamamiento a principios de año para combatir la propaganda rusa, ya el año pasado Naja Bentzen miembro del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo concluía en un informe que: “Rusia ha estado usando operaciones de información en su guerra híbrida en curso contra Ucrania, y continúa aplicándola en su guerra de información “holística” contra la UE y Occidente”. Somos conscientes de que las campañas de desinformación rusas favorecen sus intereses y estos no solo tienen que ver con la Unión Europea o Estados Unidos sino también con Oriente Medio.

 

Fuera del territorio sirio tanto Rusia como Irán y Turquía han intentado ser los garantes del proceso de paz en las conversaciones de Astaná, que buscan una solución al conflicto sirio y en las que participan milicias que combaten en el terreno. Este proceso es paralelo al de las conversaciones de paz de Ginebra para el conflicto sirio auspiciadas por la ONU y en las que se encuentra la oposición política al régimen de Al Assad. Rusia ha intentado también patrocinar el Congreso del Diálogo Nacional Sirio en Sochi, aunque sin mucho éxito. Otros actores en la zona como Israel y Turquía también tienen su protagonismo en Siria, mientras la mayor preocupación para Ankara es su perdurable conflicto con las milicias kurdas en el norte de Siria, para Israel la primera preocupación es la influencia in crescendo de Irán en la zona y, sobre todo, la cercanía a su territorio.

 

Las consecuencias que puede tener obviar lo que está pasando en Oriente Medio, el centro del planeta en cuestión de conflictos armados, ideológicos, económicos y religiosos, puede suponer un retroceso a la hora de aplicar políticas de prevención para la radicalización violenta. Ésta denominada por sus siglas en inglés como Countering Violent Extremism (CVE), se define según un documento de la Comisión Europea como: “La lucha contra el extremismo violento, constituye todas las acciones que fortalecen la resiliencia de las personas y las comunidades ante la llamada de los radicalizadores y el extremismo”. Este es casi idéntico a lo que Naciones Unidas definen como Preventing Violent extremim (PVE) y la OSCE Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism (VERLT). La cantidad de muertos en el conflicto sirio, palestino, yemení o iraquí, la exclusión de las distintas comunidades religiosas como la suní en Irak o Siria en favor de la influencia del chiismo iranizado en la región, sin olvidar la instauración de las autocracias perennes en países como Egipto y la reinstauración de Al Assad en Siria, no hacen más que condenar el destino de los ciudadanos. De lo que se deduce que pocos efectos puede tener la prevención para la radicalización violenta e incluso la desradicalización, cuestión muy relevante debido a la preocupación existente respecto a los retornados europeos de zonas de conflicto y que han militado en organizaciones islamistas radicales yihadistas. De hecho, a pesar de la caída del califato del Estado Islámico, todavía hay integrantes de la organización activos, aunque no se conocen las cifras, no solo en el terreno sino a través de las redes sociales.

 

La realidad es que todavía queda mucho camino por delante, el paso previo a todos es tener en cuenta que las políticas de CVE/PVE existen para reafirmar el trabajo de la prevención y la lucha contra las causas fundamentales del extremismo violento a través del compromiso de la sociedad y de los Estados. Es de vital importancia el conocimiento de la terminología en relación a términos como radicalismo, extremismo y terrorismo, como son concebidos a nivel social, político y jurídico y tener en cuenta el papel tan importante que tiene el Estado a la hora de transmitir una idea generalizada de los mismos, así como las políticas que pone en práctica justificadas con un uso determinado de esta terminología. El Estado debe evitar las situaciones de pánico generalizadas, debe ayudar a mantener la seguridad dentro de las fronteras del mismo, que las medidas que se impongan sean justas y que no sean desproporcionadas. Sobre todo, debe ser precavido a la hora de dirigir ciertas medidas a colectivos concretos que no redunden en la estigmatización, siempre además promoviendo modelos de interculturalidad social. Es importante resaltar de nuevo que la radicalización no tiene por qué conllevar pareja la condición para participar en una acción política ilegal y violenta y que no se debe asignar estos términos de manera arbitraria.