Declaración Momodou Malcolm Jallow, relator general contra el racismo y la intolerancia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (extracto):
«La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) es uno de los dos órganos estatutarios del Consejo de Europa. Está compuesta por 324 miembros de los parlamentos nacionales de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, y generalmente se reúne cuatro veces al año en una sesión plenaria de una semana en Estrasburgo.
La Asamblea Parlamentaria ha creado nueve comités generales que preparan informes y siguen el estado de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en los Estados miembros en su ámbito de atención. Cabe señalar que el Consejo de Europa tiene como objetivo desarrollar principios comunes y democráticos basados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El proyecto de ley «anti-separatismo» de Francia corre el riesgo de socavar los valores fundamentales que pretende proteger:
(…) El texto que se está debatiendo es problemático en muchos aspectos. Al atacar a los musulmanes, los estigmatiza inherentemente, aumentando las sospechas y sugiriendo indirectamente un vínculo entre este grupo y las amenazas extranjeras o terroristas. Limita el espacio y potencialmente limita el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, con disposiciones que permiten la disolución de asociaciones que mantienen actividades «no mixtas», como la creación de entornos seguros sólo para los miembros de grupos racializados. La prohibición propuesta de llevar «signos religiosos ostentosos» en ciertos contextos afectaría particularmente a las mujeres y niñas musulmanas, ya que el debate parlamentario y la aplicación de las disposiciones similares existentes dejan claro que el «signo» efectivamente dirigido es el hiyab.
(…) Hago un llamamiento a los parlamentarios franceses para que protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sus conciudadanos y eviten el riesgo de sembrar división entre ellos. La estigmatización de un grupo basado en sus creencias religiosas no puede ser el precio a pagar por una ilusión de mayor seguridad del Estado»
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