En estos días, el tema más tratado y que más nos preocupa tanto a la ciudadanía como a las instituciones es, sin lugar a dudas, la incidencia en la salud de la Covid-19. En este artículo no entraremos a hablar de esa incidencia, ni de sus consecuencias sanitarias, ni de la manera de prevenirlo desde un punto de vista sanitario; hablaremos de otras realidades, realidades de la cuales poco se habla y si se habla, poco se difunde. Nos referimos al Covid-19 como detonador de la discriminación y del racismo en el mundo.

 

En España, y también en otros países, hace años que se viene utilizando un discurso segregador y racista basado en la competencia por los recursos, en la sobreutilización de los servicios públicos, en la falta de presupuesto y la necesidad de recortes en los principales servicios a la ciudadanía, aquellos que equilibran y garantizan la protección social como son la sanidad, los servicios sociales o la educación. El poder del discurso para generar en la ciudadanía el miedo e inseguridad buscando, por supuesto, chivos expiratorios y culpabilizando a aquellas personas y colectivos más vulnerables. Si a esto le sumamos el miedo y la incertidumbre por el futuro que está suponiendo la pandemia por Covid-19, el coctel y el efecto buscado está servido.

 

¿Qué tiene que ver el racismo y la discriminación con el COVID-19?

 

Tiene que ver y mucho. Esta es una pandemia en la que se ha expuesto no solo de manera implícita si no explicita, las desigualdades sociales, económicas, políticas e incluso mentales de la sociedad. El primer efecto de esta crisis sociosanitaria respecto a la discriminación y el racismo es el crecimiento de la desigualdad, como consecuencia de prácticas sociales discriminatorias a nivel micro y macro. Estas prácticas, claramente visibles en la cantidad de discursos, a veces en el ámbito de una parte de la clase política y otras en la población, donde se culpabiliza de la expansión del virus a determinados grupos: población inmigrante, población y modo de vida de los barrios obreros, trabajadores temporeros, incluso allá por el mes de marzo, al movimiento feminista por su movilización del 8M. Todo vale. No se hace un análisis de cómo las condiciones de vida y las situaciones de desigualdad social o exclusión ya presentes en nuestra sociedad, y acrecentadas con la crisis económica iniciada en 2008, determinan y exponen a determinadas personas a un mayor riesgo a padecer la enfermedad y las consecuencias sociales de ella. Muy al contrario, desde una clara ideología neoliberal se culpabiliza a esas personas y grupos de algo que en realidad no es su responsabilidad, sino de las instituciones y políticas públicas que, a pesar de las múltiples leyes en favor de la protección del estado (Estado de Bienestar) y en favor de la redistribución e igualdad, han permitido, y a veces potenciado, el incremento de la desigualdad social. Es la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) quien suscribe este hecho al afirmar que la pandemia del COVID-19 ha agravado las antiguas desigualdades estructurales, por ejemplo, en lo relativo al acceso a instalaciones, bienes y servicios sanitarios. La ausencia en los Estados de estadísticas desglosadas obstruye la comprensión cabal de la manera en que esta crisis afecta a los grupos étnicos y raciales, entre otros.

 

Seguir leyendo