El Observatorio de las Libertades Asociativas (L’Observatoire des libertés associatives) publicaba el pasado mes de febrero un informe sobre la represión de las asociaciones en el marco de la lucha contra el islamismo en Francia.
El resumen que introduce el estudio dice:
«En el nombre de la “lucha contra el separatismo”, “el comunitarismo” o el “islamismo” las asociaciones de defensa de los derechos de las musulmanes así como las asociaciones que se solidarizan con esa población, son objeto de sanciones por parte de los poderes públicos.
Este fenómeno se aceleró desde el asesinato de Samuel Paty en octubre de 2020 transformándose un una verdadera caza de brujas.
Estas sanciones se presentan como una respuesta al papel que desempeñaría el tejido asociativo en las trayectorias de radicalización y de compromiso terrorista.
Estas asociaciones son consideradas como elemento central de un “ecosistema islamista”, un prisma que lleva a considerar sospechoso a todo reagrupamiento de personas musulmanas o consideradas como tales.
Ninguna investigación seria en el campo de las ciencias sociales ha demostrado ese fenómeno. Nuestro informe subraya lo contrario: que las asociaciones atacadas constituyen vectores de integración cívica.
Este segundo informe del Observatorio de las Libertades Asociativas analiza 20 casos de sanciones abusivas a asociaciones entre 2016 y 2021
Este estudio demuestra la ausencia casi sistemática de fundamentos jurídicos o factuales de las sanciones estudiadas. La penalización de las asociaciones legales en base a la ley en vigor, y a veces bajo acusaciones de bases factuales inciertas, pueden ser peligrosas y contraproducentes en la lucha contra el “islamismo” y los fenómenos terroristas.
Peligrosas porque abren la puerta a lo arbitrario y socavan el estado de derecho. Y contraproducentes porque contribuyen a hacer más profunda la marginalización cívica de nuestros conciudadanos musulmanes con el debilitamiento o la desaparición de las asociaciones.
Con la entrada en vigor de la ley que confirma el respeto por principios de la República, llamada “ley de separatismo”, los ataques presentados en este informe pueden encontrar una base que favorezca la proliferación de ataques a las libertades asociativas (…)»
El estudio saca cuatro conclusiones sobre los objetivos, las justificaciones, el contexto y la forma de las represiones asociativas que recoge:
- La base ideológica de esas sanciones institucionalizadas no hace distinción entre la visibilidad del islam, la defensa de los derechos de las personas musulmanas, la radicalización religiosa y el terrorismo yihadista.
- Las asociaciones hacen frente a tres tipos de acusaciones: en un primer caso se las califica de “separatistas” o “comunitaristas”; en un segundo caso de ser “proselitistas” y/o de “atentar contra la laicidad”; en tercer caso se les acusa de “tener conocimiento de los medios radicales”.
- Las presiones externas sobre las autoridades las empujan a sancionar de modo urgente a las asociaciones y meten en la agenda política el “islamismo”, el “comunitarismo” o el “separatismo” como un problema público que hay que abordar con urgencia.
- Los casos estudiados de asociaciones sancionadas demuestran que no se han respetado los principios de los procesos justos y sí se han empleado en ellos herramientas de la policía administrativa.
El informe completo se puede consultar aquí junto a sus anexos.
El Observatorio de las Libertades Asociativas es una coalición francesa de actores asociativos cuyos representantes forman parte de un comité de coordinación junto a un comité científico formado por investigadores. Este proyecto, liderado por el Instituto Alinsky, se enmarca en el trabajo que lleva a cabo la Coalición por las Libertades Asociativas (L.A. Coalition) liderada por VoxPublic.